El Gobierno ha aprobado el Decreto-ley 5/2023 por el cual se busca incrementar la transparencia en los cambios estructurales de las sociedades mercantiles. A su vez, se prorrogan medidas en respuesta a la guerra de Ucrania y de apoyo a La Palma.

Mediante este Decreto-ley se transpone la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas comunitarias, dando cumplimiento así, a los planes de armonización del derecho de sociedades y objetivos de transparencia previstos por la Unión Europea.

La transposición busca dar cumplimiento a los artículos 49 y 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, referentes a la prohibición de las restricciones a la libertad de establecimiento y uniformidad en la aplicación de la normativa europea, respectivamente. Se pretende también promover la movilidad dentro de la Unión Europea para mejorar el funcionamiento del mercado interior.

Otro objetivo de esta norma es la simplificación del análisis jurídico de las operaciones de modificaciones estructurales, fomentando así el diálogo social y darles una mayor importancia a los derechos de todas las partes interesadas en estas operaciones.

Se introducen varias medidas con el objetivo de dar un impulso en materia de transparencia en las operaciones, buscando favorecer a los acreedores, socios y trabajadores de las empresas al tener conocimiento estos de los detalles de las operaciones antes de que se inicien. Los administradores deberán elaborar un informe para los socios y trabajadores en el cual se explique y justifique la modificación estructural, y las consecuencias que esta trae para ellos, los acreedores, y la empresa.

El apartado del informe presentado ante los socios deberá incluir explicaciones acerca de la compensación efectiva propuesta en el proyecto, el tipo de canje de las acciones, las consecuencias de la modificación estructural, incidencia en la responsabilidad social de la empresa, y los derechos y vías de recurso a su disposición.

La sección del informe destinado a los trabajadores deberá contener explicaciones acerca de las consecuencias de la operación para las relaciones laborales, cambios sustanciales en las condiciones de empleo y la afectación a las filiales de la sociedad.

En cuanto a las medidas respecto de la publicidad preparatoria del acuerdo, se dispone que los administradores de las sociedades participantes están obligados, al menos un mes antes de la fecha de la junta general en la que se vaya a acordar una modificación estructural, a publicar en las páginas web de las sociedades el proyecto de modificación estructural, un anuncio a los socios, trabajadores, acreedores y representantes de los trabajadores de la sociedad o a los propios trabajadores con observaciones relativas al proyecto, y el informe de un experto independiente si procede.

Para llevar a cabo la transposición, se ha integrado todo el régimen de modificaciones estructurales, internas y transfronterizas, en un marco normativo único, buscando una uniformidad en el ámbito de la UE para evitar diferencias que permitan buscar normativas más favorables dentro de la propia Unión.

 

 

Oscar Vilá

Vilá Abogados

 

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7 de julio de 2023