Las recientes resoluciones G2/12 y G2/13 de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (« EP »), de 25 de marzo de 2015, han sido recibidas no sin polémica.
Ambas admiten la posibilidad de patentes de productos relativos a plantas y material vegetal, lo que en un principio chocaría con la prohibición establecida en el artículo 53 b) del Convenio de Patente Europea, que excluye de patentabilidad los procesos esencialmente biológicos de producción de plantas y animales. Sin embargo, la EP establece una interpretación de dicho artículo en el sentido de que la exclusión de patentabilidad no se refiere a plantas y partes de plantas (incluidos los frutos), que son resultado de dichos procesos de obtención, sino que se limita exclusivamente al procedimiento de obtención de, por ejemplo, brócoli o tomate, según el caso analizado.
Estas resoluciones han sido recibidas con fuertes críticas por varias asociaciones internacionales, principalmente con fundamento en consideraciones éticas y económico-sociales. A modo de ejemplo, la organización « No Patents for Seeds » viene manifestándose en el sentido de que la decisión abre las puertas a las empresas para hacerse con el control de recursos necesarios para la vida diaria. Alega que ello derivaría en una concentración de mercado y perjudicaría a pequeños agricultores, que dependerían excesivamente de grupos multinacionales, dañando en última instancia al consumidor. De ello se desprende que la polémica no gira tanto en torno a la argumentación jurídica defendida por la EP, sino más bien, en torno a razones de política legislativa.
Por ello, el brócoli y el tomate se nos ofrecen aquí como un mero entrante de lo que puede estar por venir. La biotecnología tanto en el tratamiento de variedades vegetales como de aplicación en procesos medicinales marca el camino de la sociedad del futuro. Para poder realizar una inversión, las empresas del sector pedirán al estado que previamente les garantice la exclusividad mediante patentes y otros derechos de propiedad industrial. El estado, a cambio, tendrá que encontrar el equilibrio adecuado para preservar el bien común, ya que podemos ganar tanto como podemos perder.
Vilá Abogados
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22 de junio de 2015
