El artículo 1 del Protocolo de Gibraltar – un anexo al Acuerdo de Retirada UE-Reino Unido de 24 de enero de 2020 – establece que:
El Reino de España (en lo sucesivo, «España») y el Reino Unido en lo que concierne a Gibraltar cooperarán estrechamente para preparar y respaldar la ejecución efectiva de la segunda parte del Acuerdo de Retirada sobre los derechos de los ciudadanos, que se aplica plenamente, entre otros, a los trabajadores fronterizos que residen en Gibraltar o en España, en particular en el territorio de los municipios que componen la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y que, en los artículos 24 y 25, establece derechos específicos para los trabajadores fronterizos.
El miércoles 5 de junio de 2024, José Manuel Albares, ministro de asuntos exteriores español, se reunió con varios representantes clave del Campo de Gibraltar para ofrecer más garantías sobre las negociaciones en curso entre España y el Reino Unido sobre los controles fronterizos post-Brexit entre Gibraltar y su vecino de la UE. Sin embargo, las perspectivas de llegar a un acuerdo parecen menguar.
La “cuestión de Gibraltar”, que guarda mucho parecido con el problema (ya resuelto) de imponer una frontera dura en Irlanda del Norte, surgió por primera vez a finales de 2018 y sigue siendo una espina clavada en los Brexiteers, incluso cuando nos acercamos al octavo aniversario del Referéndum: ¿cómo debería regularse la libre circulación de bienes y personas entre los dos territorios?
Aunque el referéndum sobre el Brexit desencadenó esta cuestión, sus orígenes están tan estrechamente arraigados en el pasado como en el presente: la Corona española cedió la posesión de Gibraltar a Gran Bretaña con la firma del Tratado de Utrecht en 1713 y, en la actualidad, Madrid reclama la soberanía sobre el territorio y ha pedido su «descolonización». Una de las principales fuentes de fricción es el propio sentimiento de identidad de Gibraltar: en 1967, el 99,6% de los gibraltareños votaron en un referéndum local a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar; en 1969, las hostilidades alcanzaron su punto álgido cuando el General Franco cortó todos los vínculos con Gibraltar (sus fronteras no se reabrieron totalmente hasta 1985); y en 2002, un segundo referéndum -esta vez proponiendo la soberanía conjunta del Reino Unido y España sobre el territorio- fue rechazado con la misma rotundidad que el primero (98,9% en contra de la moción). Y, sin embargo, más recientemente, el 23 de junio de 2016, un mero 4,1% de los gibraltareños votó a favor de abandonar la Unión Europea.
La razón es muy sencilla: las economías de Gibraltar y España trabajan mano a mano. Unos 15.000 trabajadores cruzan cada día la frontera para llegar a Gibraltar desde las regiones costeras de Andalucía (sobre todo, desde el municipio colindante de La Línea de la Concepción), es decir, aproximadamente la mitad de la población de todo el territorio. Y del mismo modo, esa población depende en gran medida de las importaciones de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales de su vecino de la UE.
No debe sorprender, por tanto, que Fabian Picardo, primer ministro de Gibraltar, describiera en su día el Brexit como una «amenaza existencial» para su economía, debido al temor a una frontera dura con controles aduaneros y de pasaportes. Los conflictos surgieron por primera vez en 2018, cuando el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, se opuso al artículo 184 del Acuerdo de Retirada, que ordenaba que:
La Unión y el Reino Unido, de buena fe y respetando plenamente sus respectivos ordenamientos jurídicos, se esforzarán al máximo para tomar las medidas necesarias para negociar con celeridad los acuerdos que regulen sus relaciones futuras a que se refiere la Declaración Política de 17 de octubre de 2019 y para llevar a cabo los procedimientos pertinentes para la ratificación o la celebración de esos acuerdos, con el fin de garantizar que dichos acuerdos se apliquen, en la medida de lo posible, a partir del final del período transitorio.
El borrador no aclaraba si los futuros acuerdos entre la UE y el Reino Unido necesitarían la aprobación de España para que se aplicasen a Gibraltar, a pesar de que esto quedaba explícitamente claro en la cláusula 24 de las Directrices del Consejo Europeo para las negociaciones del Brexit, publicadas el 29 de abril de 2017:
Después de que el Reino Unido abandone la Unión, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido.
Esta ambigüedad se aclaró con una declaración conjunta alcanzada el 25 de noviembre de 2018, según la cual no se aplicarían a Gibraltar esos futuros acuerdos sin la aprobación previa del Gobierno español. Y, de hecho, Gibraltar fue excluido posteriormente del Acuerdo de Comercio y Cooperación firmado el 30 de diciembre de 2020.
Hemos sido testigos estos tres últimos meses del resurgimiento de este conflicto en curso. El 12 de abril, los principales protagonistas de estas negociaciones se reunieron en Bruselas en un intento infructuoso de llegar a un acuerdo definitivo. Albares estuvo acompañado por Fabian Picardo (primer ministro de Gibraltar), Lord David Cameron (ministro de asuntos exteriores del Reino Unido) y Maroš Šefčovič (vicepresidente de la Comisión Europea). Los líderes volvieron a reunirse sólo un mes después, el 16 de mayo, tres días después de que Albares presidiera dos reuniones en Madrid con agentes municipales y económicos de la comarca del Campo de Gibraltar.
Desde entonces, Albares ha mantenido conversaciones clave con representantes regionales en otras dos ocasiones. La primera se celebró el 4 de junio en Algeciras, con los alcaldes del Campo de Gibraltar y de la Junta de Andalucía, incluido el Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. La cuestión central que se planteó fue la siguiente: ¿quién realizará los controles de Schengen en Gibraltar en caso de que se firme un tratado? El Reino Unido se ha resistido sistemáticamente al estacionamiento de fuerzas fronterizas españolas en el territorio por razones de soberanía. Albares también está presionando para que los 300.000 habitantes de la comarca de El Campo tengan derecho a utilizar el aeropuerto de Gibraltar.
Sin embargo, la segunda reunión, celebrada el 5 de junio, arrojó más luz sobre la posición actual de España en este debate. En primer lugar, Albares se reunió con Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción (zona que Albares describió de forma bastante dramática como «probablemente el municipio europeo más afectado por el Brexit.»). Se ha revelado que, en el lado español de la frontera, los planes para la construcción de un centro comercial podrían crear unos 3.000 puestos de trabajo. Esto es sólo un ejemplo de la necesidad vital de fluidez de movimiento para los trabajadores transfronterizos, un punto del que se ha hecho eco Lorenzo Pérez Periáñez, portavoz de la Asociación para el Desarrollo Empresarial de La Línea. Sin embargo, se ha hablado de implantar un régimen fiscal específico para el municipio de La Línea, y no para todo el Campo de Gibraltar, ya que un acuerdo sobre la libre circulación de personas exigiría una mayor financiación de los servicios públicos para que la ciudad pudiera hacer frente a una mayor afluencia de trabajadores gibraltareños. En segundo lugar, Albares se desplazó al cercano municipio de Los Barrios para reiterar su compromiso de defender los derechos de los trabajadores transfronterizos ante representantes de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASCTEG).
En definitiva, las negociaciones parecen haber llegado a un nuevo punto muerto. Aunque una frontera sin fricciones es sin duda deseable para ambas partes, les cuesta afrontar la realidad de que el Reino Unido ya no forma parte del mercado único de la UE. Con Lord Cameron enfrentándose a críticas cada vez más cáusticas por su excesiva indulgencia con las exigencias españolas de controles fronterizos, parece que Gibraltar se escapa cada vez más del embrague británico. Esta semana está prevista otra ronda de reuniones sobre la regulación de los impuestos sobre las mercancías.
Sebastian Ricks
Vilá Abogados
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14 de junio de 2024
