El Gobierno ha dado un paso clave para aliviar la carga administrativa y burocrática que soportan miles de pequeñas y medianas empresas en España. El Ministerio de Economía ha aprobado un anteproyecto de ley que actualiza los criterios para definir el tamaño empresarial a efectos de presentación de información financiera, auditoría y obligaciones contables. Una reforma que, de prosperar en el Parlamento, tendrá un impacto directo en el día a día de miles de negocios.
La medida adapta la legislación española a la Directiva Delegada (UE) 2023/2775, que actualiza los umbrales europeos teniendo en cuenta la inflación acumulada desde 2013. El anteproyecto tiene un objetivo claro: aligerar cargas y simplificar procedimientos correspondientes, que en los últimos años, han visto multiplicarse sus obligaciones administrativas, dificultando en ocasiones su desarrollo y crecimiento.
Más empresas podrán acogerse al régimen simplificado
El cambio más relevante es el cambio de los umbrales que definen cuándo una empresa es considerada pequeña, mediana o grande a efectos contables. Esto permitirá que miles de compañías pasen a tener la consideración de pequeñas empresas y, con ello, accedan al régimen financiero simplificado.
Hasta ahora, una empresa se consideraba pequeña cuando cumplía con los siguientes criterios:
- Volumen de negocio: hasta 8 millones de euros.
• Activos: hasta 4 millones de euros.
• Empleados: máximo 50 trabajadores.
Sin embargo, el anteproyecto casi duplica estas cifras:
- Volumen de negocio: hasta 15 millones de euros (antes, 8 millones).
- Activos: hasta 7,5 millones de euros (antes, 4 millones).
- Empleados: se mantiene el límite de 50 trabajadores.
La consecuencia es clara: numerosas empresas clasificadas hoy como medianas podrán ser tratadas como pequeñas en materia contable, con menores exigencias en la presentación de información.
Según cálculos del Ministerio de Economía, el 98,5% de las empresas españolas podría acogerse a modelos de contabilidad con cargas reducidas.
Revisión de los umbrales para empresas medianas
El anteproyecto también actualiza los criterios para considerar a una empresa de tamaño mediano. Los nuevos límites pasarán a ser:
- Activos: hasta 25 millones de euros (antes, 20 millones).
- Facturación: hasta 50 millones de euros (antes, 40 millones).
- Empleados: se mantienen en 250.
Con esta reforma, la transición entre las distintas categorías empresariales será más gradual. Se pretende que el crecimiento de una empresa no implique un aumento desproporcionado de obligaciones administrativas, uno de los factores que las asociaciones empresariales llevan años señalando como obstáculos al desarrollo y la expansión.
Menos empresas obligadas a auditar sus cuentas
Una de las novedades más relevantes –es la actualización de los umbrales que determinan la obligación de auditar cuentas.
Los límites también se incrementan en un 25%, de modo que la obligación solo recaerá en empresas que superen al menos dos de estos tres criterios:
- Activo: más de 3,565 millones de euros (hasta ahora, 2,85 millones).
- Volumen de negocio: más de 7,125 millones de euros (hasta ahora, 5,7 millones).
- Empleados: más de 50 (sin cambios).
El Gobierno estima que unas 4.300 empresas dejarán de estar obligadas a auditarse. La medida podría suponer un importante ahorro económico y administrativo, especialmente para compañías de tamaño mediano que estaban justo en la frontera de los requisitos vigentes.
Una reforma que busca recuperar impulso empresarial
En los últimos años, pequeñas y microempresas han hecho frente a un contexto económico complejo: inflación de costes, aumento de cargas regulatorias y dificultades para escalar.
Según Cepyme, desde 2019 han desaparecido cerca de 22.700 microempresas en España.
¿Qué implicaciones prácticas tiene esta reforma?
Si el anteproyecto supera el trámite parlamentario, las empresas podrán notar cambios en aspectos como:
- Modelos contables más simples.
- Menor exigencia de auditorías.
- Menos cargas administrativas en la presentación de cuentas.
- Un tránsito más gradual entre categorías empresariales.
Sin embargo, conviene señalar que estos cambios afectan específicamente al ámbito contable y financiero. Otros regímenes que también dependen del tamaño empresarial —como protección de datos, planes de igualdad, ciberseguridad o prevención de riesgos no se verán alterados por esta reforma.
Conclusiones
El cambio de definición de tamaño empresarial supone una oportunidad para miles de compañías que hasta ahora enfrentaban obligaciones desproporcionadas a su verdadera capacidad económica.
Para muchos negocios, este cambio puede suponer menor presión administrativa y mayor margen para consolidar sus planes de crecimiento.
